La reflexión sobre una ley electoral lleva en Cataluña un recorrido especialmente largo, en el que ha dado tiempo a escuchar todo tipo de propuestas y discutir cualquier tipo de detalle. Sin embargo, el debate se ha centrado principalmente en como traducir la soberanía popular en escaños en vez de pensar en como canalizar la voz de un pueblo que ansía tener una voz propia. Los partidos políticos se han olvidado de su papel real, que según el diagrama de Easton, son definidos como correas de transmisión de la agenda política marcada por la sociedad. En esta línea, podemos contemplar que ni la propia ley electoral ni la ley reguladora de la iniciativa popular establecen mecanismos de participación telemática o proponen algún tipo de herramienta que facilite el acercamiento del ciudadano a la política.
Con esto no me refiero a que los requisitos formales sean elevados, ni que el número de firmas sea considerable más bien lo que me inquieta es el poder de disposición que tiene la mesa de la cámara sobre la iniciativa ciudadana. Por tanto, partimos de un punto donde nos encontramos en una partitocracia celosa de su trozo de poder, miope respecto a algunas demandas sociales y absolutamente cegada con su papel de transmisión que le corresponde como actor social. Lo más sorprendente, es que luego nos quejaremos de la situación de los derechos humanos en China, sin tener en cuenta que aquí votamos pero decidimos poco.
En cuanto al sistema electoral no abogo particularmente por una especial consideración a la proporcionalidad parlamentaria, ni me inquieta especialmente un sistema mayoritario donde la rendición de cuentas es mayor. Por el contrario, lo que veo que es una falla real en el sistema democrático es la poca implicación ciudadana en el proceso de diseño de la agenda política, dominada en todo caso por lobbies. No obstante, el movimiento ciudadano ha crecido en el último año, ha aprovechado el mundo interactivo en el que vivimos y ha sido pionero en la resistencia civil no violenta. Ello nos lleva a pensar que está surgiendo un componente social nuevo, demandante de participación con voz propia, harto de la representación inocua y dañina para los intereses sociales de algunos políticos.
Por tanto, los instrumentos que tiene que incluir una ley electoral, además de la forma de financiar el sistema, funcionamiento de la junta electoral o el reparto de escaños es una presencia de mecanismos que faciliten la participación ciudadana. El voto por internet, el uso del DNI electrónico para cuestiones comunitarias o la apertura del parlamento al ciudadano mediante comparecencias electrónicas ante los ciudadanos, si estos lo piden, pueden ser medidas perfectamente aplicables. Las mismas mejorarían, sin tocar un ápice el sistema electoral, la calidad de la democracia. En suma, la ley electoral es una norma fundamental para el desarrollo de cualquier proceso democrático, pero necesita nuevos mecanismo para aspirar a construir una sociedad pluralista.
