No es posible hablar de la reforma laboral, aprobada como Ley en las Cortes Generales, sin enmarcarla en las circunstancias económicas españolas, actuales y pasadas. Se han hecho retoques y cambios profundos en varias ocasiones, también, seguidas de protestas, que han dado lugar, a veces, a cambios en las propuestas; pero creo que, tanto la reforma laboral actual como la huelga anunciada, siguen diferentes parámetros porque ambas se encuadran en un marco que supera el puramente nacional, como. por otra parte, es lógico. Los grandes problemas actuales, son globales y la crisis económica-financiera actual lo es, como lo es el mismo concepto de trabajador y la legislación que debe protegerlo. La legislación laboral asume que los trabajadores son la parte débil frente a una patronal que pretende imponer sus condiciones, por eso es curioso que ahora alguien pueda asombrarse de lo potente que puede ser el poder económico. Simplemente es un poder global muy coherente con sus intereses y que no está controlado por un poder político igualmente global. Ahora resulta obvio que no es posible afirmar que los mercados dejados a su libre albedrío corrigen los defectos de funcionamiento por sí solos. No al menos, para el bienestar de la humanidad.
En ese sentido es lógico que la reforma, no haya sido apoyada por grupos conservadores, aunque que la situación económica y de desempleo es lo suficientemente grave como para que hubiera habido mayor consenso tanto entre la patronal y los sindicatos como entre los grupos políticos de las Cámaras.
La Ley ha sido aprobada solo con los votos del grupo socialista, siendo calificada por unos de ataque a los derechos de los trabajadores, por otros de todo punto insuficiente para las empresas, para otros tardía.. Sería incomprensible esa falta de apoyos sin tener en cuenta las circunstancias de la aritmética parlamentaria, los eventos electorales próximos y la enorme irresponsabilidad del partido popular que provoca el déficit democrático de nuestro país (aparece año tras año en los análisis que, sobre nuestra calidad democrática, publica la Fundación Alternativas).
Por lo demás se puede admitir que llegue tarde, porque hace ya mucho tiempo que se viene hablando de “flexiseguridad” para la sostenibilidad del Estado del Bienestar europeo, yo misma escribí brevemente sobre ello hace ya tres años. Ese concepto conlleva, según mi criterio, tanto la reforma laboral como otras reformas estructurales. Esta misma va acompañada por otras reformas estructurales necesarias y duramente arrancadas a un parlamento con criterios, en excesivas ocasiones, puramente partidistas. En cualquier caso, puede decirse que más vale tarde que nunca y pasar a explicarla.
No es una reforma sobrevenida, poco estudiada y mucho menos impuesta. Ya a comienzos de la primera legislatura socialista, el gobierno pidió a un comité de expertos (año 2005) que elaborara un informe sobre la necesidad de la misma. Es cierto que no estaba en los programas electorales porque se dio prioridad a fortalecer derechos de ciudadanía, de los Servicios Públicos y al cambio de modelo productivo. Creo que es básico considerar como se defiende el Estado del Bienestar, que conlleva el de ciudadanía, porque esa es la base de nuestro sistema europeo de convivencia y enmarca todo, incluido las relaciones de trabajo y capital. El Informe elaborado a principios de 2005 decía: “el crecimiento experimentado presenta debilidades, es difícilmente sostenible, tiene un sesgo sectorial, hay desequilibrios económicos y si esto no se corrige, habrá destrucción de empleo”. Indicaba, pues, más la necesidad del cambio de modelo productivo que el de reforma laboral, aunque también lo valoraba como deseable. En otros documentos se dice que el mercado de trabajo no es el responsable de la crisis (algo que compartimos en el Partido Socialista) y algunos expertos son más favorables que otros al papel que puede jugar la reforma laboral como solución o herramienta en esta crisis. La Fundación Ideas considera que sería bueno, y el Documento de los Cien dice que es imprescindible. Lo que está claro es que la legislación laboral no es responsable de la crisis pero ha colaborado, en parte, a la destrucción masiva de empleo que, en cierto modo, podría haberse paliado. En Alemania se perdieron el mismo número de horas de trabajo que en España, pero con una destrucción de empleo infinitamente menor. En ese sentido la reforma puede ser un importante factor para aprovechar mejor la salida de la crisis, siempre acompañada de otras reformas estructurales y del impulso a una reforma del modelo productivo que no depende solo del gobierno. Los sindicatos, y fundamentalmente las empresas, tienen que fomentar con mucha mayor fuerza la innovación, la formación continua y la externalización de sus productos. Por supuesto este cambio debe apoyarse desde el gobierno y así se viene haciendo también desde el año 2005 por cierto, con marcos legales propicios, con apoyos fiscales que contribuyan a impulsar el cambio y con una intensa pedagogía que facilite la comprensión de un mundo que cambia a gran velocidad. Solo así podrá mejorar la famosa competitividad, talón de Aquiles de la economía española y que es un problema estructural cada vez más acuciante en España.
¿Por qué esa falta de competitividad?: Inciden varios factores, en cuya base podría estar el rápido crecimiento que hemos experimentado en la última década, dentro del marco monetario rígido del euro, que ha distorsionado las percepciones, dando una falsa impresión de seguridad, sin perder de vista que la base de ese crecimiento era la construcción, una actividad con mucha mano de obra sin cualificar y muy escasa incidencia en el PIB a no ser por el consumo de esa misma mano de obra.
Los factores que inciden en la baja competitividad son varios: Un diferencial de inflación respecto a los otros países de la zona euro de al menos un punto, que podemos atribuir a un aumento de salarios por encima de la productividad y, aún más a un aumento de los márgenes de beneficios. El aumento de salarios por encima de la productividad se une a una falta de implicación del trabajador en la empresa que le desvincula de la productividad de la misma y se suma a un factor aún más importante para la productividad que es el factor humano. A pesar de los avances en educación, en España hay un importante desajuste de la formación con el mercado de trabajo que pude justificar hasta dos tercios de la baja productividad junto con la escasa inversión en I+D+I (mucho más señalado en innovación, sobre todo privada) y a altos costes administrativos que esperamos mejoren con la transposición de la Directiva de Servicios que dio lugar a las Leyes Paraguas y Ómnibus. A todo ello se añade que las empresas españolas son en su mayor parte medianas o pequeñas, que invierten poco o nada en innovación y no exportan. Todo ello ha generado actuaciones de la administración para paliar estos defectos con aprovechamientos bastante diferentes según la cultura empresarial de los territorios y de las propias empresas.
El mercado laboral español tiene más de un tercio de contratos temporales que gravan la productividad por defecto de implicación en la empresa y de formación, como es fácilmente comprensible. De hecho, las grandes empresas españolas son perfectamente competitivas y exportan, manteniendo por eso España su cuota de mercado, cuando el Reino Unido, Francia o EEUU han perdido gran parte del mismo. Pero la mayoría de las empresas españolas son pequeñas o medianas, dependientes del consumo interno y son las que mas mano de obra ocupan. Puede concluirse que hacían y hacen falta reformas estructurales, una de las cuales y quizá de las más inciertas en sus posibles resultados sea la reforma laboral, para intentar reducir los problemas fundamentales señalados: la alta temporalidad, la falta de flexibilidad empresarial, que también incide en la baja competitividad, y el capital humano. Y hay que hacerla teniendo en cuenta la importancia de la cohesión social fundada en el diálogo y acuerdo, sin perder de vista que la legislación laboral sirve para proteger la parte débil de la relación trabajador–patronal, algo que en un futuro quizá debería canalizarse, fundamentalmente, a través de la responsabilidad social corporativa y la implicación del trabajador en los objetivos de la empresa.
Todo eso es lo que intenta mejorar la reforma laboral que, lamentablemente, ha tenido que ser sacada adelante sin el acuerdo social que habría sido deseable, pero con el respaldo de las Cortes Generales, al haber sido tramitada como Ley. Era responsabilidad del gobierno no solo para aprovechar al máximo la recuperación económica sino también para dar señales de seguridad que aflojaran el acoso a nuestra deuda soberana.
¿Cuales son los objetivos? Disminuir progresivamente la temporalidad no justificada y que ahora alcanza el 30%, para lo cual se definen y amplían los apoyos al contrato de fomento; se limita la contratación por obras y servicios y los contratos temporales, al tiempo que se aumenta la indemnización por despido de estos últimos. Con respecto a la flexibilidad para las empresas se facilita la posibilidad para las mismas, de cambiar las condiciones laborales cuando queden debidamente acreditadas las dificultades económicas que afronten y que pueden ser debidos a cambios de instrumentos de producción, organizativos, o de demanda de productos. Igualmente pueden decidir el descuelgue de los convenios colectivos respecto a salarios en circunstancias adversas objetivas. En todos los casos se precisa una clara justificación y, en último término será la autoridad laboral o judicial quien decidirá en caso de no haber acuerdo, auque también se fomenta y facilita la intermediación. Todo ello intenta evitar que el despido sea el recurso al que recurran las empresas en dificultades y que puedan adaptarse a las circunstancias tanto adversas como propicias, creando y manteniendo empleo estable y competitivo. ¿Suponen estas reformas un abaratamiento del despido?: Entiendo que pueda verse así, pero no es en absoluto cierto. No se pierde ningún derecho, ni respecto a los trabajadores contratados con 45 días por año trabajado, en caso de despido improcedente, ni en el caso de los contratos de fomento, mejorándose la protección en caso de trabajadores temporales o contratos en formación. La indemnización en caso de despido procedente era y sigue siendo de 20 días pora año trabajado, pero la legislación laboral antes vigente, ha hecho que en plena crisis económica el 80% de los despidos hayan sido declarados improcedentes, algo inconcebible que raya en fraude.
Por último con respecto al capital humano se mejora e incentiva el contrato de formación y el de prácticas y por último se pretende mejorar el funcionamiento de las agencias de colocación mediante la colaboración público-privada, aunque siempre bajo el control y supervisión de los Servicios Públicos de Empleo. ¿Resultará útil?: No es matemático, pero debería, y esa es la intención. En todo caso no será a corto plazo, hay que esperar que la recuperación económica tome mas consistencia para evaluar el efecto y ver la evolución que por cierto también está fijada, en la reforma, a fecha fija.
Es absolutamente necesario continuar con el diálogo social, porque la cohesión social es imprescindible para dar confianza a los actores nacionales e internacionales, así como para continuar las reformas adaptadas al rápido ritmo que requiere un mundo global, que precisa de una gobernanza en la que está implicada toda la ciudadanía.
